Comisión de Justicia de San Lázaro aprobó el dictamen que eleva a delito grave las actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos
En la Cámara de Diputados la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que eleva a delito grave las actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos, con lo que ameritarán prisión preventiva actos como no vender litros de a litro de gasolina o la comercialización de combustibles adulterados, según informa “El Economista”.
En su artículo tercero, el dictamen de la Comisión de Justicia añadió un párrafo tercero al artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Ahí especifica que los imputados por la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 8; 9, fracciones I, II y III, incisos b, c y d; 11; 12, fracciones II y III; 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de esa ley durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa.
La fracción I del artículo 16 señala que se sancionará bajo este nuevo régimen “a quien entregue o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro”.
En el caso del gas LP y el gas natural, la sanción será para quien entregue una cantidad 3% inferior a la pactada.
También, se considerará delito grave alterar los sistemas de medición para la entrega de cualquier derivado del petróleo, así como sustituir sustancias en los combustibles y alterar los ductos, equipos o instalaciones.
Se reitera que estará cometiendo delito grave quien sustraiga petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos o instalaciones, así como quien los aproveche para disponer de ellos.
El volumen mínimo que se considera delito grave son 300 litros, según la ley.
Caerá en delito grave también quien comercialice o transporte productos que no contengan los marcadores y especificaciones de la autoridad competente o quien los altere o destruya, quien se ostente como propietario de algún predio donde exista una toma clandestina no denunciada y quien financie estos delitos, intimide u obligue a otros a realizarlos.
El dictamen aprobado en comisiones deberá votarse en el pleno de la Cámara Baja en los próximos días para su envío, modificaciones y aprobación en la Cámara de Senadores./AGENCIAS
