Tras los hechos violentos en Michoacán, Guerrero y Sinaloa, ha quedado en evidencia las limitaciones de las instituciones, así como la debilidad del Estado de derecho: Luis Raúl González Pérez
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) México enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de inseguridad y violencia.
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez expresó este lunes que, tras los hechos de violencia en Aguililla, Michoacán; Iguala, Guerrero; y Culiacán, Sinaloa, han quedado en evidencia las limitaciones de las instituciones, así como la debilidad del Estado de derecho.
“El Estado no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir. La ley no puede ser objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquel a quien se le intenta aplicar. El que las autoridades claudiquen en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de las acciones de particulares, representa el mayor incentivo para que continúe la impunidad y se perpetúe la violencia”, reprochó durante la inauguración del Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías.
“Respetar y hacer que la ley se respete no puede confundirse con represión. El uso legítimo, debido y conforme estándares internacionales de la fuerza es una potestad, pero también una responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan. No viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza haciendo un uso adecuado de la misma, por el contrario, los violenta, quien aduciendo un mal entendido respeto de los derechos fundamentales renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene como autoridad y tolera o permite que se cometan delitos y abusos en contra de las personas a quienes debería proteger y procurar”, agregó.
La evaluación del presidente de la CNDH apunta que pese a los millonarios recursos públicos que se destinan a las acciones de procuración e impartición de justicia, permanece una sociedad que no percibe los resultados.
“Más que buscar culpables únicos o panaceas, es preciso hacer una reflexión objetiva y profunda que nos permita ver en qué se ha fallado y cuál sería la mejor forma de rectificar el rumbo. México requiere una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para recuperar la seguridad, abatir la violencia y caminar en la construcción de la paz”, apuntó.
“El hecho de que la sociedad discrimine, desconfíe y no valore el trabajo de sus policías, que los elementos policiales se sientan vulnerables frente a la sociedad y desconfíen de sus mandos solo resulta benéfico para quienes infringen la Ley”, mencionó.
El Ombudsman urgió a reafirmar a los cuerpos policiacos como instituciones con vocación de servicio, guardianes de la ley, del orden, de la legalidad, de los derechos humanos, garantes de la seguridad y de la convivencia social pacífica. La reforma policial debe asumirse como una prioridad para el Estado mexicano.
Postergar su discusión y definición tiene como precio el que no se garanticen niveles mínimos de seguridad para las personas y su patrimonio, que no se abata la violencia y que se continúe minando la confianza de la sociedad en las instituciones y su credibilidad.
Este proceso debe emprenderse de manera realista, objetiva, integral e informada, lejos de posturas extremas o dogmáticas. No hay espacio para la simulación, para falsos triunfalismos o posturas que pretendan negar con palabras lo que los hechos hacen evidente./Agencia Quadratín
