René Delios
Una cosa es la protesta y otra el vandalismo.
Los normalistas han extremado lo que llaman su “lucha” y en busca supuesta de sus derechos, no les interesa pasar por sobre el derecho de terceros, y en medio de eso generan caos en las zonas de acción.
No solo no es legal, sino tampoco justo para la sociedad, que desde luego desaprueba sus acciones, y a la vez la exigencia popular de aplicarles el estado de derecho.
Estos normalistas quieren además el pase automático a plazas base, y la gran mayoría no pasa el examen de oposición para ello, que es el mínimo que se pide para ir mejorando la calidad de la educación en México.
Complicado ha sido el tema de la evaluación magisterial, a la que se ha opuesto la CNTE en cuatro entidades del país, en dónde tiene presencia, no así en las restantes veintiocho que integran a la nación, incluyendo al DF.
Pero así es esto de la problemática educativa en la que, normalistas y magisterio “democrático”, han quedado más que evidenciados por sus actos al parecer arbitrarios pues, al final de cuentas, dañan a particulares.
Esta situación ha obligado a que el Gobierno de Chiapas condene los hechos en que incurren éstos jóvenes, parte de la llamada Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas, que el pasado jueves le prendieron fuego a una unidad de transporte del Conejobus, sobre la Calzada al Sumidero.
¿Para qué?
Desde luego que son noticia, pero negativa: no logran el conceso social, y contrariamente, se cuestiona el procedimiento arbitrario que, si se le aplicara la ley, seguramente no faltarán los que acusen con las vestiduras desgarradas que son víctimas de la represión.
El gobierno estatal ya advirtió que “por ningún motivo se tolerarán este tipo de acciones violentas que ponen en riesgo la integridad de la población, por lo que se actuará conforme a la ley y se tomarán las medidas necesarias para evitar este tipo de actos que laceran la paz social”.
No faltó que uno de los normalistas lanzara a redes una voz de alerta sobre “represión en su contra”, cuando no hay tal, y contrariamente se han dado negociaciones con ellos a través de la Secretaría General de Gobierno, y existen ya ofrecimientos para una vía de solución pronta y respetuosa de sus derechos como estudiantes.
Pero la oferta gubernamental no les alcanza, o no les conviene y es más rentable –¿Para ellos; para alguien?- seguir generando como un escenario de desestabilidad social, aderezada también con hechos otrora no frecuentes en el estado, como asaltos banqueteros, en despoblado, asesinatos.
Aun con todo eso, el gobierno estatal reitero el llamado a las y los jóvenes estudiantes normalistas a conducirse por la vía de la legalidad, cosa que veo difícil en esas posturas del todo por el todo.
Matraz
Leí por ahí una petición de un legislador para que, se controle el paso migratorio en la frontera chiapaneca, pues coincidencialmente iniciado el paso de estas personas los índices delictivos se incrementaron en aquella zona del estado, en especial en Tapachula.
Caso polémico, en medio el pregonar de los derechos humanos y convenios internacionales del país, lo cierto es que no se vale que en nombre de eso, los nacionales, los chiapanecos padezcan las consecuencias de los abusos de algunos integrantes de las caravanas, que incluso desafían la legalidad y a la autoridad.
¿Cómo queda el país ante eso?
Bueno sería escuchar a los más, porque ahora los menos, los que tienen voz desde las organizaciones de derechos humanos, cámaras de la unión, son los que han explotado esto de las caravanas con protagonismo, que desde luego no da seguridad a los que padecen la arbitrariedad, la delincuencia y criminalidad de no pocos que entran ilegalmente –buscados en sus países de origen- a México.
La verdad a esos no tenemos porqué respetarle nada de derechos humanos ¡basta! porque están asesinando a mexicanos, y ahí están los testimoniales mortales.
¿Cuántos muertos más mis estimados activistas?
Por eso, como dice AMLO, hay que hablar claro: esos extranjeros asesinos –dijera Trump- son unos indeseables.
