Diseñadas para lisiar, desmoralizar y matar, el aumento del uso y diseminación de granadas fragmentarias, de mano o antipersonales amenaza con salirse de control. Desde hace tiempo ya no solo están en manos de militares: por miles, las poseen tanto el crimen organizado como un creciente número de policías locales que han decidido dotarse de una herramienta destructiva más afín a la guerra que a tareas de seguridad pública.
Según una investigación de Milenio basada en archivos del gobierno federal obtenidos vía transparencia permite dimensionar parte de la granadización que vive México, donde ya hay una granada —legal o ilegal— por cada 150 habitantes.
Es una penetración que tiene su origen en el sexenio de Felipe Calderón, cuando organizaciones criminales comenzaron a usarlas, alentando a que el gobierno respondiera con su propia producción. Desde 2006, según detallan datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la industria militar mexicana ha producido 712 mil granadas ofensivas, una cifra histórica (en 2013, con datos actualizados hasta junio, llevaba 43 mil ensambladas). Y le salen baratas: en 2007, año de la mayor producción de estas armas, cada una le costó 199 pesos. A manera de comparación, un kilo de filete limpio de res vale 259 pesos, según la Profeco. En tiendas del Distrito Federal el juego “Barbie diseño de modas” se vende en 399.
Las granadas de fragmentación no solo son baratas. Aunque difíciles de controlar, parece que todos las quieren: concebidas como un arma netamente militar, desde 2009 dejaron de ser de uso exclusivo del Ejército y la Marina. En medio de la ola de violencia vinculada al narcotráfico, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinó que había llegado el momento de equipar a las policías estatales con este tipo de armas, eliminando las restricciones para su portación por las mismas agencias que, a la postre, resultaron tener intensos vínculos con el crimen organizado.
Desde entonces, 10 mil granadas de fragmentación han sido vendidas a 12 secretarías de seguridad pública estatales, de acuerdo con un recuento elaborado por Milenio. Y si bien el gobierno de Calderón alentó esa transferencia de armas militares a las policías civiles, la tónica ha continuado en la actual administración, durante la cual 3 mil 664 granadas han sido adquiridas por corporaciones policiacas. Bajo el peñismo, Baja California compró mil 500 y Zacatecas mil. Hasta Querétaro, uno de los estados con menores índices de violencia, adquirió 300.
El detonante de lo que ha ocurrido en el ámbito policiaco y militar viene de la popularidad que las granadas han adquirido entre la delincuencia, en especial porque generan varias bajas: en Michoacán, por ejemplo, un convoy de la Policía Federal fue destruido en 2010 a granadazos. Catorce agentes murieron. Ya hay varias rutas internacionales dedicadas a su contrabando y explosivos producidos en Corea del Sur, China, Guatemala, El Salvador y tiendas estadunidenses han sido hallados en escenas del crimen por todo México.
Casi 28 mil de estas bombas antipersonales han sido decomisadas en operativos contra el crimen organizado en los últimos ocho años, según se desprende de una base de datos elaborada por este diario con cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la PGR y la Marina.
Para colmo, decenas más aparecen abandonadas en edificios, parques, cunetas y calles, tiradas como piedras letales. Un caso reciente ilustra otro aspecto de su proliferación: en octubre, un niño de seis años encontró una en el parque Cerro Azul de Chihuahua. La llevó a casa porque pensó que era un micrófono.
Y así, tanto como se les halla, se les emplea. De un sexenio para acá, el uso de esta arma, tan barata como mortífera y tan fácil de obtener que sorprende, es recurrente: el bombazo en la plaza concurrida de Michoacán, con un centenar de lesionados que aún ahora sufren por sus heridas. La patrulla que estalla en Jalisco con dos policías a bordo. La base militar que salta por los cielos en Zamora en un accidente que lisia gravemente a 17 soldados. La alcaldía en Tamaulipas a la que le vuelan la fachada. El convoy federal que rueda sobre una y que termina envuelto en llamas en Chihuahua.
También, el atentado en Nuevo León en el que niños salen heridos. Y el niño pastor que se vuela los genitales en Puebla con una granada abandonada por soldados. O la vendedora de pescado en Culiacán que pierde media cara porque un pedazo de metal que no era para ella se la arranca. De ser relativamente raras, un objeto bélico de película, las granadas pasaron a la cotidianidad nacional.
Qué tanto se han salido de control estas armas se refleja en el número de ataques con granada de fragmentación contra fuerzas militares y federales. Ya asciende a casi 150 en seis años (ver gráfico). Medio centenar de policías y militares han perdido la vida como resultado, en particular en Tamaulipas, el estado en donde explosivos antipersonales son utilizados con mayor frecuencia por grupos como Los Zetas, una predilección en la que evidencian sus orígenes militares. Desde 2006, el Ejército ha sido atacado 42 veces con este tipo de bomba en esa entidad.
No existen estadísticas de cuántos policías locales han muerto por uso de granadas, pero a manera de ejemplo basta señalar que de 2011 a 2012, por ejemplo, se registraron 56 incidentes con esos explosivos por todo el país. En paralelo, el número de civiles heridos o asesinados de forma colateral asciende a los cientos. Algunos casos recientes:
*2 de abril de 2013. Una granada es lanzada a un bar en Guadalajara. Cinco personas mueren y 16 quedan heridas.
*12 de marzo de 2013. Una granada estalla al interior de una fiesta de XV años en Monterrey. Dos muertos y 8 heridos. Uno de los fallecidos es un niño.
*23 de junio de 2012. Granadas son lanzadas en distintos bancos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Seis personas quedan lesionadas, incluida una mujer de la tercera edad.
Un punto en común une a todos estos incidentes: varios civiles resultaron heridos. Y ahí radica la principal diferencia de una granada con una bala. Esta no solo mata indiscriminadamente, sino de forma masiva. Expulsa metralla a gran velocidad a 360 grados la redonda. Para cualquiera que esté a cinco metros, un explosivo antipersonal típico como el M67 de Estados Unidos, es mortal. A 15 metros puede causar daños irreversibles, desde órganos perforados, hasta extremidades amputadas.
El hecho de que esta arma de guerra terminó por extenderse por todo el país poniendo en riesgo a la población ya ha sido motivo de atención y condena internacional. “El uso de granadas de mano (en México) se ha convertido en un problema humanitario”, sostiene un reporte dado a conocer en 2013 por la Red Internacional de Armas Explosivas, un conglomerado de Organizaciones No Gubernamentales que busca eliminar el uso de este tipo de armamento en zonas habitadas por civiles.
El pernicioso efecto de las granadas de fragmentación, aun años después de su uso, quedó más que de manifiesto en septiembre pasado. Cuando se presentaron en un banco para cobrar parte de un fondo especial de atención creado por el futbolista Rafael Márquez, decenas de los heridos de los granadazos del 15 de septiembre de 2008, en Morelia, mostraban secuelas profundas. Rafael Bucio, uno de los afectados, ha tenido que pasar por 18 cirugías. Ya perdió una pierna y está en riesgo de perder el brazo. (Cambio de Michoacán, 10 de septiembre 2014).
Otros heridos manifestaron que no ha sido posible extraerles todas las esquirlas del cuerpo. Hay varios que están a la espera de prótesis. En cierta medida, seis años después las granadas lanzadas en Morelia siguen vivas.
De 2007 a la fecha, en paralelo a la llegada de más y más armamento pesado a manos de los cárteles de la droga, México se hizo víctima de esquirlas y granadas. Han sido golpeadas tanto las fuerzas de seguridad como civiles. El Ejército es la institución más afectada; tiene registros de ataques en al menos 17 estados del país desde ese año.
Desde entonces y a un ritmo creciente, explosivos antipersonales han reforzado los arsenales de Los Zetas, el cártel del Golfo y de Sinaloa. Estas armas sirvieron a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios para emboscar a la Policía Federal en varias ocasiones. Antes de ser abatido, precisamente, con una granada de fragmentación, Arturo Beltrán Leyva lanzó varias a los marinos que lo enfrentaban.
Como en las estadísticas, la violencia de la expansión de las granadas de fragmentación en el país se refleja también en el lenguaje. En México, la palabra granadazo entró al léxico popular con la fuerza destructiva de un explosivo. Es un mexicanismo que, según Google, antes de 2008 no existía. Desde entonces no deja de aparecer en sus buscadores, en especial en Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León, las tres entidades en donde más búsquedas se hacen sobre el terminajo.
¿Qué tan diseminadas están las granadas de fragmentación? Autoridades federales han decomisado desde 2006 un total de 27 mil 700 por todo el país. Es el equivalente a ocho granadas cada día durante ocho años consecutivos. Pero aun cuando impresionante, la anterior es una cifra negra limitada. Por cada explosivo que es desactivado o detonado por los escuadrones antibomba, queda la incógnita de las miles que permanecen en manos criminales. No hay forma de calcular cuántas granadas más siguen ahí, afuera, a la espera de detonar en un accidente, ataque o enfrentamiento.
Sin embargo, las decomisadas no son las únicas granadas de fragmentación que hay en las calles de México. A esas se suman las de otros dos conceptos: las que se reparten con cada vez mayor frecuencia a las policías estatales y las entregadas voluntariamente, aquellas que son rendidas por civiles todos los años como parte de los programas de canje de armas y despistolización del Ejército.
En el caso de las segundas, de las que son entregadas voluntariamente ante las autoridades, ¿cómo llegaron a manos de ciudadanos estos explosivos, que no pueden comprarse en ninguna tienda de armas en el mundo legalmente? La Secretaría de la Defensa Nacional no pregunta: esa es la promesa y premisa del programa.
Lo cierto es que las personas con este tipo de artefactos se presentan frecuentemente en los puestos de canje. En el Estado de México se entregaron 800 entre 2012 y 2014. En el Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública recibió mil 373 solo en este año. Hay en todas las delegaciones: en Gustavo Madero se recibieron 90 en la tercera fase del programa de desarme, que duró solo unos meses. El puesto en Miguel Hidalgo reportó 60 en ese lapso. Los de Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco, 40.
En el resto de los estados es lo mismo. En los puestos sinaloenses se entregaron cerca de 200 granadas de fragmentación entre 2013 y 2014. En los de Coahuila aparecieron 13 de junio a octubre de este año. En Chiapas, que por su cercanía con Centroamérica y los mal asegurados arsenales de sus ejércitos es la puerta de entrada grande de estos explosivos a México, se entregaron 114.
Simbólicamente, en Nuevo León, uno de los estados más golpeados por el uso y predominio de esta arma —han sido atacados negocios, edificios públicos, plazas y fuerzas de seguridad—, el gobierno estatal decidió pagar de 100 a 500 pesos por cada granada que sea cedida por la ciudadanía.
