Editorial

16/agosto/2017

 

 

México es un arsenal de denuncias, acusaciones y señalamientos que se hace sobre personajes públicos, los más de ellos sin consecuencia alguna.

Los acontecimientos se suceden en cadena y ni siquiera van relacionados unos con otros, pero aterra la velocidad con que se presentan en una nación en vías de crecimiento, con una democracia inconclusa que provoca muchas dudas y donde la justicia se aplica selectivamente, ya que no se mide con el mismo rasero a sospechosos de delitos varios o incluso, similares.

El petróleo, el turismo, su historia y la oportunidad de negocios atrae capitales e inversionistas de distintas partes del mundo, aunque podrían ser más, pero los constantes señalamientos contra funcionarios, ex funcionarios, gobernantes y ex gobernantes, todos en la línea del servicio público, aleja la posibilidad de mayores inversiones y jala otros interesados en la facilidad con que se levantan fortunas en un país de corruptos.

Unos cuantos días bastaron para destruir la imagen de varias figuras públicas, jóvenes todos ellos, que habían ganado prestigio en sus respectivas áreas, llegando al poder y a la fama antes de cumplir los 40 años.

Primero aparecieron los desvíos de recursos, aprovechamiento del cargo público y otros delitos que les son imputados a los ex gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, quienes alcanzaron la meta de gobernar sus respectivos estados a los 37 años el primero y a los 31 el segundo. Los dos personajes se encuentran en prisión, uno fue extraditado de Guatemala y el otro lo será pronto, de Panamá, ya que los dos escaparon de México al saberse denunciados por delitos varios.

¿Cómo salieron mientras eran buscados?

Esa es otra historia, dentro de la enorme red de complicidades y corruptelas que nos asolan.