René Delios
De vez en vez, transportistas y concesionarios se apostan en la demanda de protestar por el pirataje, un negocio ilegal y de riesgo para el usuario pero que ellos primeramente ponderan como competencia desleal, como testimonio inmediato de que –como se ve en su pésimo servicio- sus clientes no son lo prioritario.
Pero parece que tampoco para el gobierno mismo, y en especial para la dependencia del ramo –negocio recurrente desde hace dos décadas en que no ha sido posible erradicar esa irregularidad-, y desde luego no hay más explicación que la corrupción en ese sector, pues se trata de un asunto de ingresos millonarios sin responsabilidades laborales ni fiscales.
Tan solo en Tuxtla Gutiérrez existen –conservadoramente, dicen los propios concesionarios- unos mil taxis piratas e incluso ya aparecieron rutas de colectivos en la capital, y como esas súmele la existencia de unidades piratas por todo el estado, que puede incluir a unidades de corto recorrido, en una anarquía que sino influye en la calidad del servicio, no deja de ser corrupción.
Una enorme corrupción.
Desde luego que –como bien dicen las activistas- el que esté en regla no garantiza que el chofer no abuse, y a veces con desenlaces lamentables, en especial para las mujeres acosadas y en esas hasta violadas y en el extremo asesinadas.
Hoy ¿quién mandaría a sus hijos en taxi a la escuela?
Y ya en materia: la piratería tiene solución: las unidades que no tengan la placa de concesión, pues directa al corralón, déjense de tanto verbo, paros, bloqueos, reuniones con el secretario.
¿Qué, están amparados?
¡Cómo van a amparar lo ilegal!
Hay los que señalan que son los mismos concesionarios los que clonan el número de sus unidades legales, y que son los mismos que hicieron lo necesario para conseguir dicho amparo, so pretexto de que se trata de verdaderos trabajadores del volante cuando, al final como siempre las placas va a las manos de los mismos pulpos del autotransporte que, igual, deberían ser hasta investigados por el SAT, pues todo es para su bolsa sin garantías para sus trabajadores.
Esta fácil, es cosa de aplicar la legalidad como es, sin medias tintas y justificaciones tontas, vacuas, alcahuetas: seguir permitiendo el pirataje de alto riesgo es corrupción y eso hace cómplice a la autoridad competente, pues hablamos de un negocio millonario.
Matraz
Eso del pirataje esta como eso de las cantinas clandestinas que todos saben en dónde quedan “menos” los que tienen que aplicar la clausura.
¿Se va a creer eso ante el varo que representa?
Para nada: ese clandestinaje es negocio de verificaciones y clausuras, de la dirección de que se trate de la Secretaría de Salud.
Las cantinas clandestinas no tiene categoría, puede estar en el patio de la tía –su único ingreso-, sin higiene, sin pagar impuestos, pero sí contemplada en la ruta repartidora del camión de la cervecería, que les abastece un producto sin factura, que en lo global –dos mil cantinas clandestinas solo en Tuxtla- es también una importante evasión fiscal.