Tubo de ensayo

Leí que actualmente residen en Estados Unidos cerca de 10 millones de mexicanos, de los cuales tres millones 500 mil son indocumentados –el cómo lo saben con precisión lo ignoro-, de acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional de Población que me imagino ha seguido a cada uno.

Los mexicanos que residen o trabajan en forma ilegal en el vecino país del norte envían sus  remesas a sus familiares a través de bancos o remesadoras –como las llaman ellos, a las que no les tienen absoluta confianza-, organizaciones de ahorro y crédito popular quienes ofrecen los servicios y el pago lo realizan en México en sus propias sucursales o tienen convenios con tiendas departamentales, de autoservicio, casas de cambio, farmacias, establecimientos comerciales y servicio postal, entre otras.

Las transferencias llegan a México en forma electrónica; sin embargo, las empresas que envían un mayor número de remesas a nuestro país son Western Unión, Citiban, Bank of America, Banorte USA Corp y la empresa Uniteller Holdings, pero también nuestros paisanos utilizan mucho el giro telegráfico, mientras la federación está en la cómoda desde hace tiempo, observando desde la poltrona el cómo esos migrantes sin garantías, son los que significan el segundo ingreso más grande de México, sustentando su trabajo el gobierno en lo que ingresa de Pemex, mientras el fisco nacional lo sostienen los trabajadores pues los empresarios fingen demencia en sus impuestos, con todo tipo de de fundaciones para evadir su responsabilidad fiscal.

Regresando al asunto, de los 10 millones 500 mil oficialmente registrados, unos ocho millones envían dinero a México.

La cosa es que los migrantes no tienen garantías para los envíos, es decir que las empresas lucran de manera desmedida con ellos, sin que desde acá se pueda hacer nada.

Western Union por ejemplo, tiene contratos con Banco Azteca, Banamex y Elektra, en México, pero no hay regulación de esas transferencias para que no cobren lo que les da gana y los bancos no inviertan 41 centavos por cada 100 dólares que reciben como remesas.

El año pasado las comunidades de migrantes a escala mundial mandaron 260 mil millones de dólares –que les significó a las empresas que transfieren las remesas, mil millones de dólares en ganancia pura–, y está proyectado que esa cantidad aumente cada año, nada más por usar la electrónica en la que invierten una nimia.

Nadie sabe a cabalidad cuanto ingresa en realidad a México; hablan de 22 mil millones de dólares, otros de 25 mil millones de dólares y la diferencia entre una cifra y otra es descomunal.

En torno a Chiapas se dice que son 900 millones de dólares anuales, que bajó por la crisis mundial a 670 millones de dólares y en realidad es pura especulación.

¿Qué con esos recursos y a dónde se envían?

Es claro que debe ser a centros urbanos en dónde existen bancos y otros centros de recepción de remesas.

De a cómo sea, lo cierto es que los migrantes si bien tienen garantías que anuncia el gobierno de manera local, no sucede en lo real. Son víctimas de todo, hasta de la autoridad que no tiene instrumentos para establecer conductos de envío que le sean más benéficos.

Obvio es que la gran mayoría que emigra es campesina.

¿De qué zonas?

Los Altos, Costa, Sierra, Selva.

Lo cierto es que la federación espera una recuperación en las remesas, como espera recuperación económica en el país, mientras los políticos pierden el tiempo en la patraña electorera, cada vez más distante de los sentimientos de la nación.

Envío

¡Larráinzar; cumplimiento y paz!