Las crónicas de un continuo despertar

19/Mayo/2017

 

Arít León Rodríguez

 

Un sacerdote fue apuñalado al interior de la Catedral Metropolitana. Su agresor fue aprehendido por autoridades capitalinas.

El sacerdote ofreció una homilía al interior del recinto, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y al concluir un sujeto se le acercó y lo hirió en al menos 3 ocasiones, además de que utilizó un arma blanca para atacar al religioso, quien cayó al suelo inconsciente.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública de la CdMx, como una gran captura.

La realidad es que el agresor nunca escapó ni puso resistencia al ataque. Sabía lo que había hecho y espero su detención, mientras el sacerdote estaba muriendo en el suelo.

Claro, los altos mandos de la iglesia mexicana han salido a pedir que se ore por el cura caído en desgracia, pidiendo que se aplique una ley que en su caso ellos burlan.

Mucha gente le ha hecho ruido a esta noticia, porque aun seguimos subordinados a la imagen del líder espiritual y no de la persona que fue herida.

Esa persona que desconocemos en efecto quien es y que relación tiene con el atacante.

Porqué, aun estando desequilibrado mentalmente, el agresor, sus motivos pudo tener, ¿cierto? Y conociendo el hoyo pútrido en el que se han hundido muchos sacerdotes sin pagar reconvenciones, no es difícil imaginarlo.

 

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Un juez salvadoreño ordenó reabrir el caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y anuló la orden de libertad que en 1993 benefició a un militar acusado por el crimen.

La decisión del juez Rigoberto Chicas se basa en la derogación de la Ley de Amnistía General, que impedía investigar y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992). Los Acuerdos de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes más graves de la guerra civil salvadoreña, concluyó que el asesinato de monseñor Romero había sido ejecutado por un francotirador. En 2004, una corte de los Estados Unidos declaró civilmente responsable del crimen al capitán Saravia.

El 6 de noviembre de 2009, el Gobierno salvadoreño presidido por Mauricio Funes decidió investigar el asesinato de Romero para acatar un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000.

Treinta y un años después del asesinato, se conoció el nombre del asesino de Romero: fue Marino Samayor Acosta, un subsargento de la sección II de la extinta Guardia Nacional, y miembro del equipo de seguridad del ex presidente de la República, quien manifestó que la orden para cometer el crimen la recibió del mayor Roberto d’Aubuisson, creador de los escuadrones de la muerte y fundador de ARENA, y del coronel Arturo Armando Molina.

Marino Samayor Acosta habría recibido 114 dólares por realizar esa acción

Al anular el beneficio a Álvaro Rafael Saravia, capitán de la fuerza armada de El Salvador y único procesado por el asesinato de Romero, el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre el caso.

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