Editorial

22/abril/2017

 

Ciertamente causó escándalo la detención del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, luego de meses de permanecer prófugo de la justicia, la verdad es que no se requiere de mayor análisis tras su captura, en lugar de ello urgen respuestas por parte de la autoridad.

La verdad tenemos un sistema federal que hace permisible el robo por parte de gobernadores, no sólo Duarte, están los casos documentados de César Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés, entre otros.

Así congresos estatales y auditorias que en las entidades fungen como cómplices por interés u omisión y además, partidos políticos —como el caso del PRI con Javier Duarte— que solapan a sus militantes hasta que ven la bomba estallar.

El caso Duarte de Ochoa es reflejo de la putrefacción en la política mexicana, no hace falta un análisis más complejo.

Hay que ocuparnos en exigir las respuestas, esas que aún no llegan.

O ¿Cómo fue que sacó esos pasaportes falsos Javier Duarte?, ¿cómo fue que el Instituto Nacional de Migración emitió la autorización de viaje para sus hijos estando él con una orden de aprehensión? ¿cómo ingresó a Guatemala y cuál era su estatus legal? ¿cómo y quién pagó por todos sus traslados y servicios a lo largo de sus días de fuga en México y Guatemala?

Tenemos entonces un circo político que está desviando la atención de lo verdaderamente trascendente. Si le dan 10 o 50 años de cárcel a Javier Duarte es importante conocerlo, pero es más urgente saber qué hubo y quienes estuvieron involucrados alrededor de su constante fuga de la justicia.

Pero muy aparte de los dineros robados están los muertos; líderes sociales, opositores políticos, periodistas –al por mayor en ese estado- y hasta de su mismo partido.

Hay aún mucho que averiguar en el ejemplo de corrupción más contundente en la historia de México.