Editorial

21/Abril/2017

 

El único proceso judicial abierto contra Javier Duarte no es con base a las denuncias presentadas en su contra por su sucesor en el gobierno de Veracruz, Miguel Àngel Yunes, sino en los expedientes abiertos por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT.

Es decir: por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La dependencia presentó denuncia ante la PGR en contra de Duarte por el desvío de varios miles de millones de pesos a través de contratos otorgados por asignación directa, sin licitación ni control alguno, a 69 empresas fantasma.

Las operaciones simuladas detectadas y documentadas por el SAT se encuentran denunciadas en el oficio número 500-05-2016-38644 publicado en su momento en el Diario Oficial de la Federación, y están en las hojas de transparencia: “estas empresas emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Una vez abierto este proceso, conforme se vaya ampliando la investigación, el SAT y la PGR irán presentando denuncias y actuando contra otros miembros de la red, y eso incluye a quienes se prestaron desde las diversas secretarías y dependencias del gobierno de Duarte, a validar el saqueo ordenado por el jefe.

Es así que la captura de Javier Nava Soria en España es apenas un paso más de este entramado, que como se dice, cuando se quiere se puede, y la verdad constituye un mensaje de que en el presente sexenio como nunca, se han detenido y procesado a gobernadores de las mismas siglas.

Obvio ha habido los que han querido contaminar lo que es solo un proceso judicial, sin observar que es a riesgo de las siglas del gobierno mismo: los es gobernadores detenidos, militaron ahí mismo.

Ya eso no es garantía: ahí está el ejemplo.

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