Arít León Rodríguez
Leía las quejas que en San Luis Potosí se generaron acerca de los nuevos costos en cuanto a licencias de conducir, y cheque: la licencia para conducir para automovilista particular con una vigencia de dos años, cuesta 930 pesos en San Luis.
Ese precio sobrepasa en 30 por ciento a lo cobrado en Coahuila, que son 653 pesos, y hasta 70 por ciento a la tarifa que se paga en Aguascalientes, que es de ¡335 pesos!
Para la vigencia de tres años, En San Luis se cobran mil 261 pesos, contra 967 pesos que se pagan en Tamaulipas o los 403 pesos de Nuevo León.
La diferencia se amplía en la licencia por 4 años. Aquí se pagan mil 592 pesos, mientras que en Aguascalientes, se pagan apenas 550 pesos.
Nosotros acá en Chiapas estamos igual de mal.
Los costos abarcan desde 900 pesos para expedición de licencia de conductor por dos años hasta los 2500 pesos por la de chofer por 5 años.
Nada económicas si consideramos que somos un estado miserable y sin crecimiento de PIB en sexenios.
Cobrar impuestos en estas condiciones es ya una afrenta, porque independientemente de que existan personas que puedan pagarlos, no vemos donde se invierten, las calles siguen deterioradas, las farolas que se iban a instalar pues, no dieron para mucho o aún siguen instalándose, la seguridad da más miedo que los ladrones mismos y somos como que ciudadanos con una sensación de burla e inseguridad continua.
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Llámeme exagerada, pero a mí me sigue haciendo eco el incremento rotundo de muertes de niños y jóvenes en el estado por suicidio.
El día de ayer y antier dos jóvenes se quitaron la vida, más los que en la semana anterior tomaron esa fatídica decisión.
El punto es que los suicidios van al alza en la población juvenil.
¿De todas las cosas que hacemos mal, cuál será la peor, que estamos empujando a las juventudes a no tener esperanza?
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Bien de la boca para afuera. Sus tertulias simbólicas que no generan nada al final.
La verdad no es agradable ver que se realizan “ceremonias de desagravio” pero con un desdén tan notorio, que no sirven de mucho, honestamente.
En días pasados el Estado Mexicano ofreció disculpas a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, que fueron golpeadas y violadas, en 1994, por integrantes del Ejército Federal, así como a su madre, Delia Pérez, a quien obligaron a presenciarlo todo, durante la época de los enfrentamientos del ejército y los zapatistas.
Durante el acto, efectuado en la plaza central de Ocosingo, encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las tres indígenas tzeltales originarias del municipio de Altamirano, aceptaron la disculpa, pero expresaron su inconformidad porque no hubo representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables directos del agravio.
Una menor de edad –en aquella época- y dos hermanas, fueron retenidas para ser violadas por elementos del Ejército, y como es de visualizarse, con mucha valentía, los hechos fueron denunciados en la oficina de la Procuraduría General de la República, pero como no prosperó la investigación, si no hasta enero de 1996, cuando ellas acudieron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió el Informe de Fondo No. 53/01 en 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
No hay verdad que no llegue 25 años más tarde.
Bueno, en México si. O nunca.
Pero bueno, ¿de prisión a los culpables, indemnización por daños a las agraviadas, ya ni hablamos verdad?
