Arít León Rodríguez
Las zonas de tolerancia en el estado viven situaciones de represión y abuso.
El día de ayer mujeres que trabajan en la zona de tolerancia de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron en las afueras de una presidencia por enésima vez cerrada.
Sus quejas y manifestaciones retumbaban en la plaza y explanada mientras adentro, prestaron oídos sordos ante sus solicitudes.
Viven la presión de pagar diariamente entre 150 a 250 pesos por los módulos que ocupan laboralmente, es decir en los espacios donde prestan servicios sexuales y como si eso no fuera suficiente, les venden los condones que son de entrega gratuita.
Existen personas que aseguran ser dueñas de los módulos y tienen que pagar esa renta forzosamente, con penalizaciones por enfermedad, y remoción de ese espacio si se ausentan por más de 3 días.
Las cantinas que están dentro de la zona de tolerancia representan un peligro para las mujeres que trabajan dentro de estos espacios, ya se han suscitado intentos de feminicidio dentro de las instalaciones que pudo haberse concretado ya que el alto volumen de la música ahí dentro impedía escuchar los llamados de auxilio de la agredida.
Definitivamente no es seguro que ahí dentro, existan cantinas o comercialización de alcohol, con los índices de violencia feminicida en la ciudad.
Ojalá se escuchen las peticiones realizadas por las ciudadanas que se manifestaron el día de ayer, puesto que ya sabe, realmente no es un favor.
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Los hechos violentos en la zona aledaña a Chenalhó siguen a la alza pese a que se habían presuntamente acordado cese de violencia.
En las comunidades de Tabak, Coco, San Pedro Cotzilnam, Baletik y Xuxchen, municipio de Aldama, y según testimonios la agresión provenía desde la comunidad de Santa Martha, Chenalhó.
Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (ha manifestado su preocupación ante la violencia creciente por parte de grupos armados que están amenazado a las comunidades con las cuales han tenido disputas por un terreno cercano que consta de 60 hectáreas.
Urge, en petición del Frayba, investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos.
Seguimos viendo lo mismo, mientras tanto las muertes se siguen sumando a la incertidumbre y silencios administrativos.
Que cosas.
