Editorial

30/enero/2019

 

Se supone que la presión existente en contra de Nicolás Maduro es respuesta a sus modos antidemocráticos e intolerantes, y que aún los visos dictatoriales de que lo acusan se niega a reconocer pues, en efecto, sería como permitir que desde el exterior le digan  que hacer.

Pero otra cosa es que, llame a elecciones y permita la verificación de la votación y sin meter las manos respetar el resultado electoral, que igual lo favorece.

Todo esto porque ha generado polémica diplomática que la administración federal ha vuelto a la tendencia juarista de la no intervención en asuntos internos de otros países, en este caso Venezuela, aun la situación política de aquel país ha dejado de ser solamente interna, ante violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La reacción de otras naciones del continente e incluso de Asia y Europa deriva de que Venezuela ha suscrito tratados internacionales que debe observar, pero al parecer con el rompimiento del orden constitucional al crear una Asamblea Constituyente y convocar a elecciones a modo para reelegirse sin observadores, y de paso haber desconocido a la Asamblea Nacional, lo ubica en eso: un dictador.

Ni negar que la situación han generado una crisis humanitaria y migratoria que afecta también a nuestro país, pues miles de venezolanos han llegado a nuestro territorio producto de esa situación, y recientemente una docena de venezolanos se manifestaron en el centro de Tuxtla Gutiérrez, exigiendo la renuncia de Maduro.