Editorial

20/julio/2020

 

Ya pasó a segundo término el caso de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos, y uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fue liberado por una jueza y recapturado cuando salía del penal federal El Altiplano.

 

Luego se da el caso de Emilio Lozoya Austín, quien ni siquiera ingresó al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

 

Hay que recordar también que hace un par de años que Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió momentáneamente dos órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa por cinco delitos que no son graves, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal.

 

La jueza admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017 del ex Gobernador veracruzano, la cual presentó recién llegó extraditado al país.

 

Los mandatos de captura fueron librados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición, ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva de oficio ni en el actual ni el anterior sistema de justicia penal.

 

¿Cuál es la situación legal de Emilio Lozoya?

 

Debería estar en prisión.

 

Es un delincuente que no debería tener privilegios que no le dan a un ciudadano cualquiera.

 

Pero no es cualquiera: es uno de los tantos edecanes de la corrupción.

 

De él saldrán más implicados, indistintos partidos.

Esto porque ya se sabe que compraron a legisladores de la pasada diputación.

Tenemos próximas elecciones, y si se dan a conocer nombres entenderemos que los legisladores se prestaron al saqueo del país.