Era de esperarse que el homicidio cometido en agravio de un feminicida por personas de la comunidad de Faja de Oro en el municipio de Cacahoatán, presuntamente vinculados con el linchamiento de Alfredo Morales Miranda perpetrado el 10 de enero de 2020, como castigo por asesinar a la niña Jarid, fueran detenidos.
La Fiscalía General del Estado detuvo a seis presuntos homicidas, en contra de quienes pesa orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, entre ellos una mujer, quienes de acuerdo a las investigaciones de los hechos prendieron fuego al asesino de la infante, y sin ningún rubor grabaron los hechos y salieron en las imágenes.
Hay evidencia.
Van a ser vinculados a proceso, no hay de otra, pues nadie se puede hacer justicia en mano propia si de hacer valer el estado de derecho se trata.
Desde luego que en su momento, los implicados actuaron con ira, en hechos que no solo se han suscitado en Chiapas, y como en Chiapas, se ha tenido que investigar de oficio cada caso, pues se trata de un homicidio aún las justificaciones que sean.
Desde luego que no faltarán los que crean que se trata de una injustica so pretexto de que el pueblo hizo justicia, pero no es así: hay ley y se debe hacer valer, sobre todo porque en éste caso la víctima de inmolación, fue quitado de las manos a la policía que ya lo había detenido.
No hay mucho que agregar más que la ley es dura pero es la ley.
