Salvador Garcia Soto
Corrupción y apetitos de control en el deporte
Cuando a Alfredo Castillo lo llamó el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para proponerle dirigir la Comisión Nacional del Deporte, lo primero que preguntó el ex comisionado Federal en Michoacán fue: “¿Cuántas plazas tiene? Porque yo necesito acomodar a 200 gentes que vienen conmigo”. En la Conade sólo había 180 plazas y la mayoría de las 200 “gentes” de Castillo —colaboradores de la PGJEM, PGR, Profeco y Michoacán— tenían su mismo perfil: formación policíaca y en el mejor de los casos de procuración de justicia sin conocimientos del deporte. La mayoría fueron acomodados en plazas del organismo deportivo y para ello se despidió y liquidó a decenas de trabajadores y funcionarios, incluso algunos sindicalizados, con cargo al presupuesto de la dependencia.
Una vez instalado con todo y su grupo —y más de 10 escoltas que lo cuidan en tres camionetas que viajan en convoy— el director de Conade, que en su juventud fue jugador de tenis y paddle e incluso participó en torneos, trazó su meta: “emancipar al deporte mexicano del atraco y la intromisión de las federaciones internacionales”. Y para lograrlo dirigió sus baterías en dos sentidos: primero a las polémicas federaciones mexicanas a las que comenzó por cuestionar por la larga permanencia de sus dirigentes —26 años del Boxeo y 31 años del Beisbol— y luego por el manejo de los recursos públicos que les entregan y que Conade tiene facultad de fiscalizar. Y segundo, con un intento por sacar el deporte olímpico y de alto rendimiento de la esfera del Comité Olímpico Mexicano y de las mismas federaciones, para que lo maneje el gobierno.
Para esto último, ya con un conflicto estallado, preparó una iniciativa de reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el aval de su primo, el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, para cambiar las reglas del deporte de alto rendimiento y desconocer la autoridad y facultades del COM en el deporte olímpico y de competencia en México. Su propuesta está bajo análisis de la SEP, donde el escándalo desatado por la Conade no ha caído muy bien al secretario Aurelio Nuño Mayer, quien libra en estos momentos su propia “guerra” contra la CNTE por la Reforma Educativa.
“Calma al loco”, pidió hace unos días Aurelio Nuño a un colaborador a quien encomendó hablar con Castillo para apaciguar los ánimos de un conflicto que amenaza con desbordarse y dejar a México fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
Tiene razón Alfredo Castillo cuando denuncia que hay corrupción en algunas federaciones deportivas y que falta transparencia en los dineros públicos que les asignan. Y es su deber y obligación fiscalizarlos y denunciar a los directivos que hayan desviado recursos del presupuesto. Así lo dice el artículo 58 de la citada ley deportiva: “Con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que como colaboradoras de la Administración Pública Federal le son delegadas a las Asociaciones Deportivas Nacionales en términos de la presente ley, La CONADE, con absoluto respeto y apego a los principios de autorganización (…) podrá llevar a cabo acciones de fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos”.
Pero las denuncias de corrupción del titular de la Conade deben estar fundamentadas y presentadas ante los órganos correspondientes no ante los medios; lo que no le autoriza la ley es a designar dirigentes en las Federaciones o a vetar o desconocer a los que están porque no le gustan, pues la misma ley le ordena “respeto absoluto por los principios de autorganización”.
En el fondo de este conflicto está la añeja ambición política por controlar desde el gobierno el deporte olímpico, hasta ahora en manos de asociaciones civiles, tal como ocurre en buena parte del mundo. Hoy esos organismos están reconocidos en la Ley vigente, con lo cuestionables que puedan ser algunos dirigentes. Si eso se quiere cambiar debe ser por vía de una nueva ley y un nuevo modelo del deporte olímpico y no por la fuerza y la confrontación. Y eso nos lleva a dos preguntas: primero ¿por qué hacer esto cuando faltan 8 meses para una olimpiada y afectar a nuestros atletas y a nuestro de por sí no muy competitivo deporte? Y segundo, al modificar la ley se desconocería la injerencia del COM, del COI y de organismos internacionales en el deporte olímpico y de competencia y eso llevaría a que México fuera expulsado del olimpismo internacional ¿Eso busca el presidente Peña y su alfil Castillo?
