Editorial

28/noviembre/2015

No es nuevo que las autoridades educativas hagan un llamado al magisterio para que contemplen el efecto negativo que causan a los alumnos, cuando hacen una serie de paros por la ya aplicada reforma educativa en el país.

Esta nueva norma que es ya ley, debe observarse y ejecutarse conforme lo marca el programa educativo, y el rechazo ya hasta violento de la disidencia solo muestra que una minoría del gremio magisterial es el que se opone a dicha evaluación.

La verdad es que la CNTE no aglutina a la mayoría del magisterio nacional.

Tiene mucha presencia en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pero incluso en éstos dos últimos estados, la llamada disidencia ha buscado la conciliación ante otros problemas colaterales de mayor urgencia, que viven en esas entidades.

La filtración de una serie de chantajes por parte del crimen organizado al magisterio, alarma al gremio del CETEG guerrerense, pues como al michoacano, dichos grupos les exigen cuota para no agredirlos, y consiste en entregar parte de sus aguinaldos.

Desde luego que esto ha obligado a interrumpir clases en no pocos centros de estudio en especial en Acapulco, en dónde varios maestros han sido encontrados muertos en condiciones de tortura, cuando no se observa zozobra entre el personal docente por la negativa de directivos de adelantar las vacaciones.

Y es que puede parecer pretexto pero lo cierto es que si se han registrado agresiones al gremio en esos estados, lo que ha obligado entre otras cosas a mucha presencia militar como sucede en Oaxaca, en dónde el magisterio de la sección 22 acusa de intimidación a su movimiento.

El problema se insiste, en que los maestros acuden a la evaluación y la disidencia trata de impedir que lo presenten, imponiendo su criterio por sobre el de quienes si aceptan los términos de la reforma educativa.

Por lo que se espera pronto se podría dar un nuevo paro de labores del magisterio, pero esta vez sí se les va a descontar su salario.