Agencias
Los poco más de 392 millones de pesos derivados de las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a los partidos políticos y coaliciones, se destinarán al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó Ciro Murayama Rendón, consejero del organismo comicial.
Durante la emisión del programa Justicia electoral a la semana, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del TEPJF, explicó que los recursos obtenidos por multas en el ámbito federal serán para el Conacyt, mientras que los concernientes a las locales se canalizarán a los institutos que promueven la ciencia y tecnología en las entidades federativas.
El también presidente de la Comisión de Fiscalización del INE explicó que el monto de las multas por irregularidades detectadas en la fiscalización de ingresos y gastos correspondientes a las campañas de 2015, representa poco más de seis por ciento de los recursos involucrados en las campañas electorales.
“Esto nos habla que hubo un cumplimiento muy alto de las obligaciones de los partidos, yo sé que tienen muy mala fama, lo cierto es que son muy vigilados, muy auditados y cada vez más conscientes de cumplir con sus responsabilidades”, afirmó.
Una de las novedades de la reciente reforma electoral, que estableció el rebase en los topes de gastos de campaña en las elecciones cerradas como causal de nulidad, contribuyó a inhibir los gastos excesivos de los partidos y los orilló a ser más cuidadosos.
Murayama Rendón subrayó que la fiscalización actual permitió determinar que México posee un nivel de rendición de cuentas de los actores políticos, que no hay en otros países.
Además, que el financiamiento público prevaleció sobre el privado, ya que a nivel federal 90 por ciento de los ingresos para las campañas provino del Estado y, a nivel local, correspondió a 82 por ciento.
De igual forma, mencionó la importancia de que los partidos políticos dispongan de un mayor financiamiento público, lo que los hace autónomos, independientes y libres para construir sus propias agendas, sin estar sujetos a quienes los financien.
Asimismo, reconoció la cooperación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al proporcionar información para dar seguimiento a los recursos.
Gracias a ello, dijo, “tuvimos acceso a más de 600 mil facturas que se emitieron por distintos proveedores en el país a los partidos políticos”. Además, mediante un trabajo de campo se detectaron 15 mil espectaculares y gastos por más de 100 millones de pesos que los partidos se reservaron de informar.
El consejero comentó que la fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos políticos y a las campañas de sus candidatos fue uno de los grandes retos que asumió el INE luego de la reforma electoral de 2014.
Por lo que dijo, se concluyó satisfactoriamente y en beneficio de la democracia del país, la revisión de las 16 elecciones locales y la federal, entre ellas, nueve contiendas a gobernador, la renovación de las jefaturas delegacionales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); sólo queda pendiente la de Chiapas.
Con la reforma electoral de 2014, el modelo de fiscalización se hizo más exhaustivo y expedito, al establecer que ésta se debe concluir 40 días después de la jornada electoral, mientras que en el pasado, los partidos y candidatos presentaban sus informes de gastos 60 días después de celebrados los comicios.
Se fiscalizaron los recursos públicos de 13 mil 500 candidatos registrados en el proceso electoral pasado, que en su conjunto realizaron un millón 96 mil operaciones financieras, mismas que fueron reportadas en tiempo real al Sistema Integral de Fiscalización del INE.
“Estamos hablando de un volumen de recursos muy amplio, prácticamente tres mil millones que ingresaron a las cuentas de campaña de los partidos y esos mismos tres mil millones que salieron”, refirió, al mismo tiempo que reconoció a los partidos y candidatos por el trabajo realizado en el manejo de seis mil millones de pesos.
