Las manifestaciones violentas de personas ajenas a los mecanismos de selección que este jueves anterior se realizaba para tener derecho legítimo a una plaza educativa, son por demás detestables y fuera del orden y del derecho.
Cada ciclo escolar, en Chiapas se ofrecen más de dos mil plazas, y mientras que el grupo de gentes encapuchadas, ajenas al proceso de selección realizaban sus protestas violentas, se hicieron más de mil registros de verdaderos maestros que desean por esta vía legal ser contratados para formar parte del sistema educativa estatal.
Como era lógico y dentro de sus atribuciones legales, y ante las agresiones que sufrieron las personas que están ejerciendo su legítimo derecho a concursar por una plaza, el gobierno estatal dispuso que las fuerzas del orden salvaguardaran su integridad, pues es responsabilidad del Estado garantizar su seguridad y su derecho a participar en dicho proceso.
Sobre el particular, el Gobierno del Estado ha dejado muy claro que mantendrá su compromiso de privilegiar el respeto a la ley, el diálogo y los acuerdos, como la única vía para resolver las diferencias entre las y los chiapanecos.
El llamado es reiterativo a los jóvenes para que sea éste el camino que parte del respeto a las diferencias para encontrar las coincidencias, poniendo siempre delante la garantía de las libertades, pero que exige desistir de la agresión.
El diálogo es la única forma democrática y legal para asumir las relaciones de convivencia con respeto y tolerancia.
Y precisamente, por instrucciones del gobernador Manuel Velasco, la atención se encausó a una mesa de negociación, que se abrió para escuchar las inquietudes de algunos manifestantes que estuvieron dispuestos a dejar la violencia y los actos vandálicos.
Es totalmente reprobable que se usen actos vandálicos para intimidar y boicotear un proceso democrático abierto, violentando el derecho de los egresados a obtener una plaza magisterial en igualdad de condiciones.
Por ello, es aplaudible la gestión de Velasco Coello, quien ha dado muestras claras de que las fuerzas del orden actúan en todo momento con estricto respeto a los derechos humanos.
