BITÁCORA

17/diciembre/2014

Pluma BITÁCORAHermes Chávez

+ Culpable, escuela Pablo Guardado Chávez

+ Barata vida de usuarios del transporte

La denuncia de una presunta agresión en contra de un menor de edad en la escuela primaria Pablo Guardado Chávez ha tomado otra dirección, luego de que familiares del maestro de música acusado aseguran y presentan pruebas para demostrar la inocencia de éste. La investigación de la reportera Jeny Pascacio, quien ha atendido ambas partes, ha sido profesional y apegada a los lineamientos periodísticos de imparcialidad, limitándose a su función informativa. Ningún diario o representante de medios de comunicación debe tomar atribuciones de Ministerio Público o juez en ningún caso.

Sin embargo, y sin conceder a ninguna de las partes la veracidad que sólo las autoridades competentes conocerán, es indudable que la escuela Pablo Guardado Chávez tiene una responsabilidad en el caso. Veamos por qué.

Según la madre del menor, éste le fue entregado con una lesión en el pene causada por el presunto ataque sexual que ameritó cirugías reconstructivas, y según los que dijeron ser familiares del maestro de música, el niño fue arrastrado por sus propios compañeros dentro de la escuela, lo que le causó la lesión al parecer en el prepucio, infligiendo tal daño que le arrancarían un trozo de piel.

Los dimes y diretes entre la parte del supuesto agresor y la parte de la madre del niño supuestamente agredido quizás continúen o se reserven para las diligencias correspondientes, pero sea como sea, en cualquiera de las dos versiones es obvia la responsabilidad de la institución educativa, así como es evidente la irresponsabilidad con que llevó el caso…

El transporte público, sector invariablemente vital para movilizar la economía, el comercio y la movilización de las masas, es uno de los más descuidados en Chiapas. Resulta, como siempre se ha sabido, que los operadores justifican las cotidianas carreras en las calles de las ciudades del estado con las limitaciones de tiempo y las altas cuotas que les piden sus patrones.

Esto no refleja sino la innegable realidad de que el sistema transportista está corrompido de arriba abajo. ¿Quiénes establecen las reglas? Ellos mismos y ellos mismos las quebrantan. Además, en teoría es el concesionario el que debería trabajar su concesión, que no es personal ni propia, es propiedad del estado, pero los pulpos saben cómo tratar a las “autoridades”, de esa manera hay quienes tienen más de 20 unidades que explotan junto a los trabajadores del volante.

Las unidades en pésimas condiciones circulan por las calles. No hay día en que deje de registrarse un accidente provocado por los “colectiveros” o taxistas, pero no son los únicos culpables, en Chiapas no existe cultura vial, es un hecho comprobado.

Así que ciudadanos, cuando sufran lesiones que los deje con secuelas para toda su vida, o algún familiar muera en un accidente de tránsito provocado por transportistas públicos, sepan que su integridad física o vida vale unos 600 pesos que piden los patrones y otros 300 que, según dicen los operadores, sacan en la cuenta del día. Y, por supuesto, el hecho quedará impune.