En la mira

22/noviembre/2014

Hector En la mira Voceshector

Héctor Estrada

Dudosa administración de Adrián Sánchez, hereda presunto desfalco a trabajadores del IEPC

Aún fuera ya del puesto, Adrián Sánchez Cervantes, ex titular del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), sigue siendo protagonista de escándalos por presuntos actos de corrupción en un encargo público que le duró menos de dos años y que ahora lo tiene como principal responsable de un supuesto fraude cometido contra los propios trabajadores del IEPC.

Este jueves se hizo pública la denuncia de los empleados del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana, quienes revelaron un presunto caso de malversación de recursos cometidos contra los fondos destinados al pago del Infonavit y el seguro médico.

Es decir; durante los meses de agosto, septiembre y octubre no se entregaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los recursos que se descontaron mensualmente a los trabajadores (vía nómina) para el pago de dichos beneficios laborales.

Todo parece simple, entre “el revoltijo”  generado por la elección y el relevo al interior de instituto electoral chiapaneco, alguien decidió quedarse con el dinero, dejando a los trabajadores sin la posibilidad de acceder a una vivienda a corto plazo y servicios de salud.

Para ser más claros y hablando en cifras, Sánchez Cervantes recibió el IEPC con un deuda de 60 millones de pesos que elevó durante su administración a 108 millones 249 mil pesos. Además de incrementar la nómina de 119 a 140 puestos laborales y dejar una deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por omitir pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Más allá de algunos chismes de pasillo como lo del personal que según mantenía en nómina sin presentarse a trabajar o la supuesta malversación de recursos para beneficiar a amigos cercanos y otros gastos personales, lo que realmente causa escándalo e indignación es la afrenta cometida contra el dinero de los trabajadores.

Son afectaciones agravantes a los derechos laborales que no se deben pasar por alto. Aquí deben entrar de inmediato los organismos de fiscalización para esclarecer el asunto y, en caso de confirmar las anomalías, llamar a cuentas a los responsables, sean quienes sean.

Ojalá, la recién nombrada Consejera Presidenta del IEPC, María de Lourdes Morales Urbina, se asuma como la principal responsable de la fiscalización y no se convierta en instrumento para proteger y solapar actos tan ruines como el de robar dinero a quienes sí trabajan duro para ganárselo.