René Delios
Ante tantos gobiernos estatales fallidos ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos de que corrijan el rumbo durante lo que les queda de administración?
Porque es increíble que aun puedan seguir con el gasto discrecional y sin transparencia que aunque lo niegan en todos los niveles se dan en municipios, entidades y la federación, sin que al parecer tengan freno y dispongan a su arbitrio y sobre los interés del pueblo mismo, de los recursos públicos, e invertirlos en cosas no necesarias pero sí suntuosas, o robarse el dinero descaradamente aun los registros que deben detectar la Función Pública o la Auditoria Superior de la Federación que, siguen actuando demasiado tarde, y no detienen en su momento a estos ladrones hasta que ya salieron del cargo, sin que al momento como en los casos de Andrés Granier, Javier Duarte, Eduardo Borge, Tomás Yarrington, Guillermo Padrés, Eugenio Hernández y las sospechas sobre César Duarte y Mario Anguiano, se sepa en dónde está el dinero que supuestamente se llevó cada uno que según son miles por cabeza y que sumados alguien los tasó por 120 mil millones de pesos no por lo extraído, sino por lo que también ha dejado en utilidades ese dinero, se insiste, supuestamente robado a las arcas de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Sonora, Quintana Roo, Colima y Coahuila, y en la línea de investigación está Chihuahua luego del paso de los Moreira en doce años de gobiernos endeudados, por 37 mil millones de pesos y aun con eso, no ha salido orden de aprehensión alguna en contra de los hermanitos.
Los ciudadanos en los estados seguimos desamparados ante éste tipo de gobernantes que para colmo también se anexan al crimen organizado e incendian a sus entidades como sucede en la vertiente del Golfo, logrando completa presencia y dominio generando zozobra y hasta terror en algunas regiones de esos estados.
La delincuencia existe porque no se aplica el derecho y cuando eso pasa hay corrupción y sí la hay es porque no se combate.
¿Qué le falta a esas leyes anti corrupción que solo son labia de políticos, desde el presidente hasta los alcaldes, pasando por gobernadores y obvio los legisladores que “analizan” esas reformas de marras, inoperantes como esa ley de transparencia que no muestra nada a la hora de las consultas por parte de particulares, que están o incompletas o sencillamente complicadas, negándonos la información que deben proporcionar y actúan como si el gobierno fuera de ellos, autoritarios, gorilescos extrajudiciales.
O sea que la realidad es que la clase política puede hacer lo que quiere cuando quiere con los recursos públicos y que quieren tapar con nimias como la cancelación que se hicieron los diputados de 20 millones de pesos que recibía cada uno de los 500 que son, y que disponían para cualquier parte aún no se tratara de su distrito de origen.
Y si le bajamos los tonos –que no los montos- los funcionarios disponen de personal, unidades, gasolina, gastos de representación, viajes aéreos, viáticos altos, materiales de oficina y de construcción, en fin, una millonada en mercedes que se gasta en sus particularidades necesidades y tranzas en vez que aterrice en la población.
Es una corrupción galopante, descarada, desgastante.
O sea ¿Cómo sellar esos recursos para que no sean usados discrecionalmente por los que toman decisiones?
Porque la verdad tan solo pensar cuánto cuesta la corrupción sorprende: 900 mil millones de pesos al año, o sea 5 billones 400 mil millones cada sexenio, sin contar lo que genera esa riqueza a los usufructuadores de lo ajeno.
Vivimos –y padecemos- una nación de gobiernos que hablan con suficiencia más por cubrir sus nulidades que por miedo al juicio de la historia.
La otra es que nada se da por decreto.
Si no se da la honradez y la democracia con nueva actitud, todo lo que hagan desde esa clase política cínica es demagogia, y en esto están incluidos “todos color y gente”, desde el moreno hasta el rojo.
