Las víctimas son integrantes del municipio autónomo Vicente Guerrero y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
Víctimas de desplazamiento forzado de la comunidad Shulvó, Zinacantán, solicitan el amparo y protección de la justicia federal para regresar a sus hogares con la garantía de que sus derechos humanos no serán violentados.
“El 9 de diciembre de 2015, aproximadamente a las 6:00 de la tarde un grupo de 40 pobladores de Shulvó llegaron a mi domicilio, con piedras y palos nos corrieron, nos cortaron los servicios de luz y agua, rompieron las ventanas y puertas de mi casa. Nos amenazaron de muerte”, informó Juan Pérez Pérez, representante e integrante de la familia desplazada.
La aversión de la comunidad es porque los desplazados son integrantes del municipio autónomo Vicente Guerrero y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Cabe mencionar que la mayoría de la población de Shulvó es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En consecuencia Pérez Pérez comentó que sus hijos han dejado de estudiar porque ha dejado de percibir ingresos y su patrimonio le fue arrebatado por la misma comunidad. Agregó que desde el incidente hasta el momento, las autoridades responsables no han logrado garantizar a él y a su familia un retorno en paz.
“Las autoridades estatales y el Ayuntamiento Municipal de Zinacantán han sido omisos al no garantizar ni prevenir la protección de nuestros derechos humanos desde que fuimos víctima del desplazamiento forzado, cuando tuvimos que huir de nuestro hogar y dejar abandonadas nuestras casas y cosechas”.
En el mismo sentido, Yazmín Pinto Ruíz, defensora de derechos humanos, indicó que el desplazamiento forzado interno es una situación que produce consecuencias en la salud física y psicológica de los afectados. “Debe considerarse el impacto que sufre el organismo al no recibir una alimentación adecuada y de calidad, asimismo consecuencias traumáticas pasajeras o de larga duración”.
Finalmente, solicitó a las autoridades correspondientes decretar la suspensión del acto reclamado con efectos restitutivos que ordene de manera inmediata se establezcan acciones necesarias para garantizar a la familia de Juan Pérez Pérez, alimentos, vivienda, educación, servicios médicos y condiciones de vida que restituya el pleno goce de los derechos humanos violados, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) diera `carpetazo´ al asunto desde hace un año, concluyó Pinto Ruíz, también abogada de los desplazados./ Dagoberto Zambrano/Ultimátum
