Editorial

21/marzo/2018

 

Muchos son los que dudan de que con esa firma entre once gobernadores y el INE de la Declaración para la Democracia y Legalidad 2018, se logre establecer una contienda cien por ciento en paz, con apego a la legalidad para garantizar la equidad de la contienda y el voto libre, cuando los propios equipos de los aspirantes de que se trate son los que generan la guerra sucia en todos los niveles de la contienda.

Parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores conocida como Conago –por lo que se espera que los restantes veinte acudan al INE a plasmar sus rubricas en dicho acuerdo-, los gobernadores coincidieron en su compromiso de acatar las reglas electorales rumbo a los comicios, así como su reconocimiento a la labor de instituciones electorales.

Pero eso dicen ellos, cuando en los partidos el tráfico de influencias y la corrupción política, aunado a que el ambiente preocupante de 31 candidatos asesinados, anuncia violencia electoral que si no logran contener ahora menos en los momentos álgidos del proceso.

Ya antes, también entre los propios partidos, se han firmado pactos de civilidad y nada más estás quedan sin cumplir, y lo único que se espera es que no se registren zafarranchos como el que se vivió en la ciudad de México, en la delegación Coyoacán, cuando un grupo atacó un mitin de la candidata de Morena a jefe de gobierno.

Así que es más que una firma entre autoridades electorales, federales y locales, y su anuncio que actuarán con imparcialidad, lo que podrá impedir la violencia electoral, pues esta se registra de muchas formas, incluso la de género, abundante ya en las redes.