Habitantes y comerciantes del centro se manifiestan contra Veolia-Proactiva

23/febrero/2018

 

Ante la negativa de recoger la basura, afectados tiraron bolsas llenas de desechos a la entrada de la empresa; medidas “afectan a la ciudadanía, no al Ayuntamiento, señalan

 

Así mismo los molestos habitantes y comerciantes se presentaron a la entrada del Palacio Municipal, donde exigieron al presidente Castellanos rescindir el contrato con Veolia-Proactiva

 

Habitantes y comerciantes del Centro de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron en las oficinas de la empresa Veolia-Proactiva, luego que esta negara el servicio en el primer cuadro de la ciudad.

Los indignados llevaron bolsas llenas de desechos a la entrada de Veolia, expresando su descontento por las medidas tomadas por dicha empresa, la cual, a voz de los afectados “Afecta a la ciudadanía y no al Ayuntamiento”.

Doña María Estrada señaló que “Es una medida abusiva, el Ayuntamiento debería romper el contrato con esta empresa, que lejos de ayudar al medio ambiente en Tuxtla solo lo afecta más, ya que su servicio deja mucho que desear”.

Asimismo, Artemio Molina resaltó que “No le basta con cobrar grandes cantidades económicas por un servicio patético, que no recoge los desechos de toda la ciudad y abona para que las calles y los afluentes de la capital cada día estén más contaminados”.

Cabe destacar que, luego de manifestarse en las instalaciones de la empresa, los habitantes molestos se presentaron en el Palacio Municipal y exigieron al presidente rescindir el contrato con Veolia-Proactiva.

Del mismo modo, todos los manifestados exigieron la intervención del Gobierno del Estado para rescindir el contrato con la empresa, ya que atenta contra los derechos fundamentales de los tuxtlecos, contaminando el medio ambiente.

Es importante mencionar que, los cobros excesivos por Veolia-Proactiva es una consecuencia del contrato firmado durante la administración de 2006 con vigencia hasta el 2026, lo que representa para la administración actual que rescindir el contrato llevaría una penalización de más de mil millones de pesos.