El objetivo es promover en la sociedad una cultura de aceptación del preliberado
Con estas acciones se cumple con ejes establecidos en el artículo 18 constitucional
Con el objetivo de apoyar la reinserción social de quienes han cumplido una condena en las cárceles de Chiapas, así como promover una cultura de aceptación del preliberado, las Fundaciones Justicia y Dignidad con Libertad A.C., Puertas de Justicia A.C. y la Secretaría del Trabajo, firmaron este miércoles un convenio de colaboración.
Con esta acción también se busca coadyuvar con las autoridades penitenciarias, para lograr una reinserción integral del excarcelado a través de la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo, desarrollo personal, laboral y de capacitación, relacionadas con los ejes establecidos por el artículo 18 constitucional.
En este sentido, Florencio Madariaga Granados, presidente de la Fundación Justicia y Dignidad con Libertad A.C. señaló que este es un proyecto ambicioso, debido a que no solo es un programa de fomento al empleo, sino que también engloba el de prevención del delito, incluso hasta de manejo presupuestal para los estados, ya que el tener personas recluidas también le cuesta mucho a la sociedad.
“Cuando veo Centros Penitenciarios saturados, veo una sociedad carente en todos los sentidos. No podemos hacer un cambio real si antes los diversos sectores sociales no nos unimos para ofrecer un tratamiento psicológico y espiritual a aquellas personas que han delinquido, debemos ayudarlos a cambiar su futuro”, dijo Marcia Herrera, presidenta de la Fundación Puertas de Justicia A.C.
El secretario del Trabajo en Chiapas, Francisco Zorrilla Rabelo, destacó que esta alianza con organizaciones de la sociedad, es con el fin de que aquellas personas que por alguna razón han delinquido y cumplida su condena, tengan una oportunidad laboral y social.
Es importante mencionar que la misión de las Fundaciones Justicia y Dignidad con Libertad A.C y Puertas de Justicia A.C., es brindar asistencia legal y humana a las y los ciudadanos inocentes sujetos a un procedimiento legal, así como a víctimas de la delincuencia que no cuenten con los recursos suficientes para tener asesoría y representación profesional que les brinde la protección y defensa de sus derechos humanos y la preservación del estado de derecho.
