Ciudad de México.- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa total de 394 mil 508 pesos a los empresarios Arturo Javier Solano Andalón y Morayma Preza Espinoza, y al secretario de Desarrollo Rural (Seder) del gobierno de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, por la firma de un acuerdo ilegal para aumentar el precio de la tortilla en la entidad.
En un comunicado, el organismo precisó que los empresarios y líderes de la industria de la masa y la tortilla cometieron una práctica monopólica absoluta en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en Jalisco, que fue propiciada, inducida y contó con la coadyuvancia del funcionario estatal.
Destacó que el 8 febrero de 2016, en un contexto de depreciación del peso frente al dólar, diversos medios de comunicación de Guadalajara reportaron que Javier Solano, presidente del Comité Directivo de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla, manifestó que el precio de la tortilla se incrementaría. “Tendremos que impactar los costos de producción al precio de la tortilla”, dijo entonces.
En el entorno de estas declaraciones, el 11 de febrero de 2017 el secretario de Desarrollo Rural (Seder) del gobierno de Jalisco, Héctor Padilla, se reunió con él y con Morayma Preza, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Industriales, en la que promovió la firma de un acuerdo para establecer un rango de nueve a 14 pesos para el precio de venta al público del kilogramo de tortilla, que dieron a conocer el mismo día y públicamente en una conferencia de prensa convocada por el titular de la Seder.
Con base en las declaraciones vertidas por Solano el 29 de febrero de 2016, la Secretaría de Economía presentó una denuncia ante la Cofece (expediente DE-009-2016) en contra de este agente económico, por la supuesta realización de las prácticas monopólicas absolutas.
Dado que el acuerdo fue publicado por diversos medios de comunicación, esto provocó un alza generalizada en el precio de la tortilla en Guadalajara que promedió 7.63%, al pasar de 11.80 a 12.70 por kilogramo.
Conforme a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre la primera y la segunda quincena de febrero de 2016, en esa ciudad se registró el nivel más alto del Índice Nacional de Precio al Consumidor (INPC) de la tortilla (2.26%) respecto del observado en Monterrey (0.05%), la Ciudad de México (0.39%) y a nivel nacional (0.40%).
La Cofece concluyó que tras el acuerdo se registraron alzas en el precio de la tortilla en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que afectó directamente a los consumidores, quienes pagaron un sobreprecio por la conducta de 22 centavos por kilogramo.
Así, el daño estimado en ese mercado fue de más de 52 millones 627 mil pesos, resultado de multiplicar el sobrecosto por el consumo promedio de tortilla de las familias de Guadalajara, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, fecha en que terminó la investigación.
Conforme al principio de legalidad, apuntó, el actuar de las autoridades debe apegarse a lo que expresamente les está permitido por la ley.
En ese sentido, Héctor Padilla habría actuado fuera del ejercicio de sus atribuciones, toda vez que la Seder no está facultada para manipular el precio de algún bien, a través del establecimiento de un rango para éstos, de manera unilateral o en colaboración con particulares o autoridades.
Derivado de lo anterior, el pleno de la Cofece impuso multas a los participantes del acuerdo ilegal, que en conjunto suman un total de 394 mil 508 pesos, que se definieron en función de la capacidad económica de cada uno de los sancionados, con base en los ingresos que reportan ante el Servicio de Administración Tributaria.
Adicionalmente, el pleno ordenó informar de esa resolución a la Contraloría del estado de Jalisco, así como a los titulares y los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para los efectos legales a que hubiere lugar.
La Cofece reiteró que el precio de venta en cualquier mercado debe ser determinado por cada agente económico en lo particular, considerando no únicamente sus estructuras de costos y expectativas de utilidad, sino también el impacto que esa decisión pueda tener en su posición de mercado.
Asimismo, que independientemente del curso de las variables macroeconómicas relevantes del país, como puede ser la depreciación de la moneda nacional, el precio debe ser una decisión individual e independiente de cada agente económico.
