Editorial

13/noviembre/2017

Ya hemos visto demasiado como para dejar que los municipios indígenas se rijan bajo el tradicional y deformado o contaminado modelo de usos y costumbres. Arbitrarios y con una evidente rivalidad no es nada recomendable pues actúan o ejercen el modelo de gobernar de una manera autoritaria, nada democrática, y en ocasiones segregacionista para con los que no comulgan sus ideas de gobierno o culto religioso.
La verdad sería un retroceso permitir eso, cuando para otros usos diarios están bien occidentalizados, lejos del caballo y los cotones, y ahí están las camionetas y casas modernas de los llamados caciques.
Desde que el PRI los usó como banco de votos seguros, y les pagó con un paternalismo excesivo, se fueron deformando esos usos y costumbres tradicionales y cayeron en un tráfico de influencias y tendencias ideológicas y religiosas que atentan en contra de los derechos humanos.
Obvio es que las referencias al respecto han sido muchas.
Textos y textos en defensa y crítica, pero la realidad de los sucesos tremendos evidencia que hay riesgo en permitir ese régimen que es a todas luces autoritario y manipulador.
Hay los que afirman que todo concluye con que se audite o más bien se regulen esos municipios como a cualquiera de los municipios no indígenas, y que acaten la máxima expresada de “mandar obedeciendo”.

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