Arít León Rodríguez
Estamos, probablemente en uno de los peores momentos políticos de la historia moderna de nuestro país. Pero bueno eso ya lo he repetido muchas veces en este espacio, y claro no soy portadora de la verdad ni difusora o contraveniente de nadie, pero existen cosas que, sin ser partidista, vaya aun sin ser de izquierda hacen pensar que algunas personas con tal de hacer carrera política caen en un sentido farandulero de las propuestas que tienen a mal presentar y que nos vienen a desgraciar la ya golpeada existencia en la que nos encontramos atascados.
Leyendo los haceres de la diputada Norma Edith Márquez Guzmán, quien aparte de repartir folletos en San Lázaro en contra de la norma 46.
El pasado 24 de marzo la Secretaría de Salud publicó en el Periódico Oficial del Estado la modificación al numeral 6.4.2.7 de la NOM-046 para quitar el requisito de la autorización para acceder al aborto por violación. A partir de estas reformas la Norma señala:
“6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas.”
El pretexto del respeto a la vida de un feto –en muchas ocasiones tan solo es una implantación en desarrollo- ha generado que tanto autoridades como médicos retrasen las “autorizaciones pertinentes” para que niñas, adolescentes y mujeres violadas no puedan accesar a los abortos legales, los cuales les evitan la destrucción de su vida, planes, relaciones y la casi segura inestable de vida de un bebe que no es deseado.
Lo grave de la existencia de ideologías religiosas de este tipo es que arrebatan lo que durante años nos ha costado conseguir como derechos humanos y civiles.
Ahora, no conforme con repartir panfletos provida entre las curules mencionando que su partido religioso -Encuentro Social- lucha por la vida no nata –la nacida no le llama la atención, menos si es violada ó es del grupo LGBTTI- esta promoviendo la iniciativa que modifica le Ley general de Salud introduciendo la “Objeción de conciencia” es decir que les permita a las enfermeras, médicos y servidores médicos negarse –negarse- a brindar determinada atención debido a su conciencia espiritual.
Es decir, negarse a realizar un legrado, aborto o transfusión de sangre o cualquier atención medica contraveniente a SUS criterios religiosos que incluyen hasta atender enfermedades de transmisión sexual, VIH incluido, lo cual es bien ambiguo, pero peligroso para quienes caigan en sus concienzudas manos, quienes podríamos ser usted o yo, nuestras hijas, nuestros nietos.
Los senadores, espero que hagan bien su trabajo.
