Muy seguramente el presidente Enrique Peña Nieto, sabe que si en 19 días hábiles no designa el senado al Fiscal General de la nación, les tendrá que enviar una terna para que de ésta elijan.
Obviamente el presidente denunció que, pese a la urgencia y los reclamos ciudadanos por tener ya un Fiscal General el nombramiento de éste fue y se mantiene secuestrado por políticos, sin mencionar bancadas.
Luego de la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, quedó claro que algunos legisladores y políticos que han utilizado que pretendía quedarse, Cervantes señaló que se iba para que no lo usarán como una excusa y ahora sí avanzarán en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia.
En el centro de esas herramientas por aprobar está el nombramiento del Fiscal General de la Nación que por prelación debió recaer en Cervantes desde hace meses, pero el PAN y sus aliados han puesto candados.
Quien encabezó la campaña en contra de que se aplicara esa reforma que establecía que el titular de la PGR debía ser designado en automático Fiscal General, estuvo siempre Ricardo Anaya, presidente del PAN, quien envió a sus senadores y diputados a oponerse con todo a esa designación.
Anaya encabezó esta campaña, a pesar de que él mismo, como presidente de la Cámara de Diputados, aprobó en 2013 la norma que establecía el pase automático del titular de la PGR a Fiscal General.
Pero ahora es lo contrario.
Cervantes renunció a su cargo durante un encuentro con senadores de la Junta de Coordinación Política, algo que no se esperaba, y que desde luego obligó a revisar el procedimiento dado la renuncia, y éste indica que en veinte días a partir de la renuncia el senado tendría que tomar una determinación.
Y la verdad la designación del Fiscal General no puede estar secuestrada por la efervescencia política.
